Venta de instrumentos de tortura
Hablar de instrumentos de tortura nos retrotrae a la Edad Media porque pensamos que no tiene cabida en nuestro mundo actual. Sin embargo, se trata de un tema totalmente vigente.
Sabemos que se tortura, por supuesto. Y tenemos, no ya reciente, sino muy presente el caso de Guantánamo. Pero, ¿sabemos que existen empresas europeas que comercializan instrumentos de tortura?
Según el informe De las palabras a los hechos, elaborado por Amnistía Internacional (AI) y Omega Research Foundation, empresas europeas participan en el comercio mundial de instrumentos de tortura. En 2006 se establecieron controles legales en el ámbito europeo que prohíben el comercio internacional de materiales para infligir torturas. Pero existen lagunas legales que están haciendo posible que ese tipo de comercio continúe.
Las principales conclusiones de este informe son:
-Entre 2006 y 2009, la República Checa emitió licencias de exportación para grilletes, armas de electrochoque y pulverizadores químicos -y Alemania para cadenas para los pies y pulverizadores químicos- a nueve países donde la policía y las fuerzas de seguridad habían usado con anterioridad estos materiales para torturar.
-En Italia y España se ha publicitado la venta de “esposas” o “mangas” de electrochoque de 50.000 voltios para su uso con personas detenidas, a pesar de ser similares a los “cinturones paralizantes” eléctricos, cuya importación y exportación se prohíbe en todo el territorio de la Unión Europea.
-Cinco Estados miembros han declarado que no tenían conocimiento de que ningún fabricante (Bélgica, Chipre, Finlandia, Italia, Malta) o exportador (Bélgica, Chipre, Italia) de sus respectivos países comerciase con este tipo de material. No obstante, en tres de estos cinco países (Finlandia, Italia y Bélgica), existen empresas que han manifestado abiertamente en entrevistas con los medios de comunicación o en sus páginas web que suministran artículos incluidos en el Reglamento, a menudo fabricados en terceros países.
La empresa española Larrañaga y Elorza (http://www.alcyon.es/) fabrica esposas que incluyen el modelo 5050, cuya venta está prohibida, bajo el nombre comercial Alcyón. Larrañaga y Elorza ha declarado que ya no fabrica este tipo de material. Sin embargo, en diciembre de 2009 la empresa venezolana Centurión CA, seguía vendiendo una gama de productos de la marca Alcyon cuya comercialización está prohibida, y lo mismo sucedía a principios de 2010 con la empresa sudafricana Assegai Trading Company.
La empresa española NIDEC (http://www.nidec.es/index.php?option=com_frontpage&Itemid=179)
ha puesto a la venta esposas paralizantes fabricadas en EEUU por Myers Enterprises y otra con base en España (Grupo TDS http://www.tdstactical.com/tienda/grilletes-c-68.html) las promociona.
Según el informe, las empresas solo han cambiado los nombres de sus productos para pasar los controles, hablan de su uso en materia de “seguridad” o venden los instrumentos por piezas, para que sean ensamblados en el destino.
El informe se debatió oficialmente en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en Bruselas. Amnistía recomienda que la UE imponga “controles efectivos” sobre el comercio de este tipo de material con fines policiales y que se cuestione el uso de otros productos cuyo uso ahora mismo está permitido.
La seguridad trae consigo este tipo distorsiones. Pero, ¿es lícito conseguir la seguridad a cualquier precio? ¿Tiene sentido que los cuerpos policiales puedan hacer uso de determinados productos que se encuentran en el límite entre la seguridad y la falta de ética?








